La huelga es una forma de protesta en la que los ciudadanos, que la apoyan o son parte de ella, se abstienen de realizar sus actividades habituales, en perjuicio de aquellos a los que dirigen sus reivindicaciones o sus quejas, y que según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los ciudadanos y específicamente los trabajadores (a través del movimiento sindical y las organizaciones sindicales) para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.

La primera huelga de la historia comenzó el 14 de noviembre de 1152 a.C. y tuvo lugar durante el reinado de Ramsés III, cuando sesenta artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes, de ese tiempo acá, es mucho lo que ha llovido.

Con el pasar de los años, del derecho a la protesta, es mucho lo que se ha escrito y teorizado. Sin embargo, en el mundo de hoy, sería materia obligada y estrictamente necesario que el debate sobre el derecho a la misma, dé un pequeño giro y comenzáramos por no solo clasificarlas, sino también por erradicar aquellas en las que los métodos que se utilizan, no sólo privan a otros de sus derechos, sino que también en peligro ponen sus vidas.

Tal es el caso de la más reciente convocatoria realizada por organizaciones sociales y sindicales en la región norte del país, que mantuvo en un estado de tensión la mayor parte de las 14 provincias que componen la región, y que se habrían caracterizado por la fiesta de sangre y plomo que se escenifica entre los agentes del orden cuando las huelgas son convocadas y quienes en ese orden no creen y la anarquía imponen.

Desde la noche del pasado domingo, la fiesta comenzaba, y entre hechos de plomo que ensangrentaban algunas calles del país, las bombas detonadas en otros sectores como el de Cumajón y Pueblo de este municipio de Nagua, sumado a ello el encendido de neumáticos que obligó a ciudadanos a resguardarse en sus casas para cuidar de sus vidas, marcaba la ruta de lo que sería esa “jornada de lucha” convocada por 24 horas.

Justas o no sus demandas, estaría demás analizarlo, puesto que, lo realmente importante y necesario, sería que entre todos pudiéramos analizar si la sangre derramada en Bonao o Nagua y los heridos que a su paso dejaron los hechos de violencia escenificados, habrán valido la pena.

Y es que, a nuestro juicio, al parecer quienes acostumbrados nos tienen a promover estos escenarios de violencia durante el desarrollo de estas huelgas o paros, aún no han comprendido aquello que en el buen derecho reza que donde terminan sus derechos comienzan los míos.

Hay que luchar por todo aquello en lo que se cree, sobre todo si es justo, pero sin perder de vista que las mismas, jamás deben ser libradas violentando el derecho de los demás.

¿Derecho a protestar? Todos lo tenemos. Ahora bien, a lo que no tenemos derecho es a violentar y desconocer lo que establecido está en los artículos 37, 40, 42 y 46 de nuestra Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad de tránsito y que establece que, “toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo”… ayer, nada de esto se respetó.

La huelga tuvo que recorrer un largo camino en el sistema capitalista para ser aceptada oficialmente como un recurso legítimo y los métodos que en ella hoy en día se emplean, necesariamente deben ser revisados, porque si no, al final de la jornada, los muertos ajenos de estos procesos, terminarán siendo más que las reivindicaciones que buscan lograrse, y ella como recurso, penalizada.