Si en República Dominicana existe un instrumento legal que no responde eficazmente a las necesidades de prevención, control y punición del fenómeno delictivo, ese es el Código Penal dominicano, y ni hablar de los espacios que están llamados a trabajar en su actualización o revisión. Con el pasar de los años ha quedado demostrado que el mismo tampoco está preparado para asumir con seriedad, compromiso político y social y dedicación las largas jornadas de trabajo que se necesitan para dotar a nuestro país de un marco legal efectivo en ese sentido.

Y es que el proyecto de modificación de esta importante pieza, se ha hecho adolescente con el pasar del tiempo en su vaivén entre una cámara y otra sin que los que están llamados a trabajar en su revisión y actualización, hagan su tarea y efectivamente.

Hace apenas unas horas se comenzó a ventilar que, la comisión bicameral que estudia este proyecto de nuevo Código Penal decidió por mayoría de votos reducir las penas por violación sexual cometida por un hombre a su esposa o pareja y, en consecuencia, los legisladores acordaron que el violador cumpla prisión de seis meses a un año, cuando en el anteproyecto las penas iban de 4 a 10 años de cárcel.

¿Qué será lo que pretenden muchos de nuestros legisladores? ¿Serán conscientes de las responsabilidades que sobre sus hombros tienen, sobre todo en estos momentos en los que nuestra sociedad requiere de marcos legales robustos?

Estimados congresistas, en un país en el que aproximadamente el 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja y donde más del 26% de las dominicanas han reportado haber tenido al menos una experiencia de violencia física no es para que estemos “flexibilizando penas”, sino endureciéndolas y a su vez creando mecanismos de aplicación efectivas a las mismas.

¡Despierten, antes de que sea tarde y nos condenen a tener que vivir con un débil Código Penal, en lugar de dotarnos de uno que sea el ideal y necesario!

Por Amaury Reyna Liberato